La guillotina administrativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) volvió a caer, confirmando que la barrida contra el equipo de confianza de la pasada gestión de Roberto Fulcar sigue a pedir de boca. Esta vez le tocó el turno a Welinton Rafael Mejía González, un hombre clave del círculo cercano del exministro, quien hasta la fecha fungía como Encargado de la División de Jubilaciones y Pensiones del MINERD.
A través de la comunicación DRRHH-2026-AL-03468, emitida el 23 de julio de 2026 y firmada por la Directora de Recursos Humanos, Wendoline Federico, la institución notificó la desvinculación inmediata de Mejía González bajo la recurrente muletilla de la «Conveniencia en el Servicio», amparada en el artículo 94 de la Ley No. 41-08 de Función Pública.
¿Ajuste técnico o factura política?
Para nadie en los pasillos de la Av. Máximo Gómez es un secreto que Mejía González no era un empleado cualquiera: pertenecía al núcleo de confianza que acompañó a Roberto Fulcar durante su convulsa gestión al frente del Gabinete Educativo.
Aunque el documento oficial intenta revestir la salida bajo el argumento formal del «debido proceso» y la «conveniencia del servicio», sectores internos leen esta desvinculación como un paso más en el desmantelamiento definitivo del grupo político y técnico que se consolidó en la era Fulcar, una práctica recurrente en la política vernácula donde los leales del pasado pasan a ser los «inconvenientes» del presente.
Enviar al TSA: el «remedio» que prolonga la agonía
En la misiva, las autoridades del MINERD se cubren las espaldas indicándole al exfuncionario que tiene la opción de agotar los recursos administrativos de reconsideración o acudir al saturado Tribunal Superior Administrativo (TSA). Sin embargo, en la práctica dominicana, remitir a un servidor público al TSA es condenarlo a un viacrucis legal de años para reclamar derechos o reposiciones, mientras el puesto ya ha sido asignado a un nuevo favorecido.
