La Superintendencia de Bancos (SB) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitieron una advertencia conjunta a la población sobre la existencia de entidades que ofrecen servicios financieros, inversiones y captación de recursos sin contar con las autorizaciones correspondientes de los organismos reguladores del país.
Las instituciones señalaron que algunas empresas y plataformas están promocionando oportunidades de inversión con promesas de altos rendimientos, sin estar registradas ni supervisadas por las autoridades competentes, lo que representa un riesgo significativo para los ahorrantes e inversionistas.
La SB recordó que toda entidad que realice intermediación financiera debe contar con la debida licencia y estar sometida a los mecanismos de supervisión establecidos por la legislación dominicana. De igual manera, la SIMV enfatizó que cualquier oferta pública de valores o instrumento de inversión debe estar previamente autorizada y registrada conforme a las normativas vigentes.
Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a verificar la legalidad de las empresas antes de entregar recursos económicos o realizar inversiones. Para ello, recomendaron consultar los registros oficiales disponibles en los portales institucionales y confirmar que las entidades se encuentren debidamente autorizadas para operar en el sistema financiero o en el mercado de valores.
Asimismo, indicaron que las operaciones realizadas a través de entidades no reguladas carecen de las garantías y mecanismos de protección contemplados para los usuarios de instituciones supervisadas, lo que podría derivar en pérdidas económicas, fraudes o dificultades para recuperar los fondos invertidos.
La advertencia forma parte de los esfuerzos de las autoridades financieras para fortalecer la educación financiera, proteger a los consumidores y preservar la confianza en el sistema financiero nacional. Ambas entidades reiteraron su compromiso de continuar monitoreando actividades irregulares y de tomar las medidas correspondientes para prevenir prácticas que puedan afectar la estabilidad del mercado y los intereses de los ciudadanos.
