Abogados de varios de los imputados en las operaciones Coral y Coral 5G, acusados de corrupción administrativa, anunciaron que apelarán la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que impuso condenas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos.
Entre los juristas que adelantaron su próximo paso tras el fallo figura Félix Portes, representante legal del coronel Rafael Núñez de Aza, quien fue condenado a 20 años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
“Obviamente, vamos a esperar que el tribunal dé la decisión íntegra el 14 de agosto y, obviamente, vamos a apelar por aquellas personas que fueron condenadas. Nunca se había emitido una sentencia como esta, con personas condenadas a 20 años por actos de corrupción, cuando normalmente por estos actos se han impuesto condenas de ocho o diez años, no más de ahí”, manifestó Portes.
De igual forma, Waldo Ariel Paulino, abogado del general Boanerges Reyes Batista y del capitán de navío Franklín Antonio Mata Flores, ambos condenados a 10 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 200 salarios mínimos, informó que también recurrirá la sentencia.
“Nosotros, en virtud de lo que establece la normativa en su artículo 433, vamos a recurrir la sentencia”, expresó el jurista.
En relación con la indemnización de cinco mil millones de pesos a favor del Estado dominicano, también ordenada por el tribunal integrado por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, Paulino indicó que fijará posición una vez conozcan el contenido íntegro de la decisión.
“Esos cinco mil millones de pesos que ha establecido la sentencia, nosotros, después de un análisis arduo, cuando nos la notifiquen, que será el 14 de agosto, entonces vamos a referirnos a dicho monto”, afirmó.
Los demás condenados
• General Adán Benoni Cáceres Silvestre: Condenado a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos.
• General Juan Carlos Torres Robiou: Condenado a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos.
• General Julio Camilo de los Santos Viola: Condenado a 15 años de prisión y al pago de multas de 400 y 300 salarios mínimos.
• Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora): Condenada a 15 años de prisión y al pago de multas de 400 y 300 salarios mínimos.
• Esmeralda Ortega Polanco: Condenada a 10 años de prisión y al pago de multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.
• José Manuel Rosario Pirón: Condenado a 10 años de prisión y al pago de multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.
• Kelman Santana Martínez: Condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público.
• Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez: Condenado a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos.
• Erasmo Roger Pérez Núñez: Condenado a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos.
• Raúl Alejandro Girón Jiménez: 5 años de prisión.
• Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara: 5 años de prisión.
• Alejandro José Montero Cruz: Condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
• Lucía de los Santos Viola: Condenada a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios.
• Onoris Beatriz Soto de los Santos: Condenado a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios.
• Epifanio Peña Lebrón: Condenado a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios.
• Manuel de Jesús Alba Solano: Condenado a 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos.
• Élida María Trinidad Santiago: Condenada a 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos.
• Pedro Roberto Castillo Nolasco: 3 años de prisión.
• Carlos Augusto Lantigua Cruz: Condenado a 3 años de prisión (por mayoría de votos) y al pago de una multa de 500 mil
• Raymel Pastor del Rosario Viola: Condenado a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínim
Empresas condenadas (disolución y multas)
• CSNA Universo Empresarial, S.R.L.
• Randa Internacional Company, E.I.R.L.
• Aldom Glass Alumimium, S.R.L.
• Rawel Importadores, S.R.L.
• R & F Agroindustrial, S.R.L.
• Hacienda Kelman, S.R.L.
Imputados absueltos
El tribunal dictó sentencia absolutoria para los siguientes procesados:
• Miguel Alfredo Ventura Pichardo.
• Santiago Suárez.
• Enmanuel Antonio Alba Trinidad.
• Guillermo de Jesús Torres Robiou.
• Tanner Antonio Flete Guzmán.
• Erick Daniel Pereira Núñez.
• Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo (persona jurídica).
¿Qué determino el tribunal?
El tribunal determinó que con el dinero sustraído de las nóminas los miembros del entramado adquirieron bienes. Este tribunal al tenor de lo anteriormente señalado entiende que existen elementos de pruebas suficientes para determinar la participación de los imputados Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, José Manuel Rosario Pirón, Pedro Castillo Nolasco y Esmeralda Ortega Polanco en el esquema de sustracción de fondos de la nómina de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), comprometiendo su responsabilidad penal.
El tribunal indicó que en cuanto al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia la acusación sostiene que se intentó trasladar a esa institución parte de la estructura que venía operando en el Cestur y en el Cusep. Indicó que a partir de las pruebas aportadas eso ocurrió.
El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
