Uno de los principales puntos de discordia es el artículo 11 de la ley, que obliga a los ciudadanos a proporcionar información requerida por la DNI, bajo amenaza de prisión en caso de negativa. Sánchez afirmó categóricamente que este artículo "vulnera los derechos fundamentales y coarta la libertad", calificándolo como una "aberración al ordenamiento jurídico".
En una enérgica entrevista realizada por el destacado periodista Luis Hernández y los comunicadores Nelson Rodríguez y Benigno Encarnación, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) expresó su rotundo rechazo hacia la recién promulgada ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), anunciada por el Poder Ejecutivo el 18 de enero de 2024. Gabriel Sánchez, coordinador nacional del Falpo, lidera la resistencia contra esta nueva legislación, alegando que otorga competencias excesivas al organismo de inteligencia, lo cual, según el Falpo, amenaza con menoscabar los derechos fundamentales y restringir la libertad de los ciudadanos. De manera contundente, Sánchez declaró: «Esta ley es ilegal, antidemocrática y peligrosa». Para el coordinador nacional del Falpo, la normativa parece tener la intención de limitar las libertades individuales de la ciudadanía, otorgando poderes desmesurados a un organismo que, según ellos, tiene un pasado oscuro. Uno de los principales puntos de discordia es el artículo 11 de la ley, que obliga a los ciudadanos a proporcionar información requerida por la DNI, bajo amenaza de prisión en caso de negativa. Sánchez afirmó categóricamente que este artículo «vulnera los derechos fundamentales y coarta la libertad», calificándolo como una «aberración al ordenamiento jurídico». El Falpo no solo cuestiona el artículo 11, sino que también señala con preocupación el artículo 9, que podría permitir interceptaciones telefónicas sin necesidad de una orden judicial, y el artículo 26, que podría tener implicaciones negativas en la libertad de prensa y el secreto profesional. «Exigimos que se modifique la ley para eliminar estos artículos», enfatizó Sánchez, subrayando el firme compromiso del Falpo en la defensa de los derechos fundamentales. La postura del Falpo refleja la creciente inquietud de diversos sectores de la sociedad ante lo que consideran un exceso de poder y una amenaza a las libertades civiles. La lucha por la revisión y modificación de esta ley parece estar en su fase inicial, pero el Falpo ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un atentado contra los principios democráticos y los derechos ciudadanos.
