Por Nelson Julio Rodríguez
Politólogo
En política, cuando los argumentos se agotan, algunos optan por el escándalo. Y cuando el escándalo no alcanza, se recurre a la mentira. Eso fue exactamente lo que ocurrió recientemente en el programa Los Opinadores, transmitido por Luna TV, donde se intentó construir un relato falso para desacreditar al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, a propósito del programa gubernamental Apoyo al sistema flexible de empleo.
Desde ese espacio televisivo se afirmó, de manera ligera y agresiva, que el Ministerio de Trabajo destinaría 38 millones de dólares de los contribuyentes para pagar sueldos a empleados que trabajarían para la empresa privada, presentando la iniciativa como un supuesto despilfarro y como una anomalía internacional. Nada más lejos de la verdad.
Los hechos —no las opiniones— dicen otra cosa.
El programa anunciado por el Ministerio de Trabajo tiene como objetivo acompañar a las empresas en sus procesos de selección, facilitando que jóvenes dominicanos entre 18 y 35 años puedan recibir formación técnico-profesional, prácticas y entrenamiento laboral, mientras perciben el salario mínimo por un período de hasta tres meses, previo a una eventual contratación formal.
Este esquema no es improvisado ni clandestino, y mucho menos financiado con recursos ordinarios del presupuesto nacional. Los fondos provienen de un préstamo de 38 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral que respalda políticas de empleo activo en toda América Latina y el Caribe.
Más aún, el propio desglose del financiamiento desmonta la narrativa alarmista difundida en televisión:
- US$25.6 millones están destinados directamente al componente de empleabilidad, que incluye capacitación, prácticas y entrenamientos laborales.
- El monto restante se invertirá en tecnología, infraestructura y modernización de los servicios públicos de empleo, fortaleciendo la capacidad del Estado para conectar oferta y demanda laboral de forma eficiente.
Entonces, ¿dónde está el “regalo a la empresa privada”? No existe.
¿Dónde está el supuesto subsidio empresarial encubierto? Tampoco.
Lo que sí existe es una política pública moderna, aplicada en países desarrollados y en economías emergentes, donde el Estado asume un rol activo para reducir el desempleo juvenil, combatir la informalidad y garantizar que los procesos de inserción laboral no se conviertan en explotación sin remuneración.
Resulta, cuanto menos, sospechoso que quienes hoy se escandalizan por una inversión en capital humano guarden silencio ante gastos improductivos históricos, pero se indignen cuando el Estado decide invertir en jóvenes, capacitación y empleo digno.
Más grave aún fue el tono utilizado en el programa: descalificaciones personales, lenguaje ofensivo y una narrativa de presión pública, lo que revela que el objetivo no era informar ni debatir, sino golpear la imagen del ministro y forzar una agenda ajena al interés colectivo. Eso, en cualquier manual serio de comunicación política, tiene un nombre claro: chantaje mediático.
Eddy Olivares, con una trayectoria marcada por la institucionalidad y el apego a la legalidad, está impulsando desde el Ministerio de Trabajo una visión coherente con los estándares internacionales: invertir en empleabilidad para generar desarrollo, no para complacer intereses particulares.
Por eso la pregunta sigue siendo válida y cada vez más incómoda:
si el programa es transparente, financiado por un organismo multilateral, focalizado en jóvenes y acompañado de modernización institucional…
¿por qué tanto ruido?, ¿a quién incomoda realmente la gestión de Eddy Olivares?
Tal vez la respuesta no esté en los 38 millones, sino en algo más simple y más peligroso para algunos:
un ministro que no improvisa, no cede a presiones y apuesta por políticas públicas con impacto real.
